Para bien o para mal

Por Víctor Flores Olea

El intento de golpe de Estado en Brasil se inscribe también entre los duros golpes recibidos por un continente en renovación, luchando en distintos grados por construir y asentar medidas socializantes en favor de sus pueblos. Aparte de las peculiaridades que pueda tener cada caso, resulta evidente que vivimos un tiempo en que el capitalismo busca imponerse férreamente en todos los lugares y que lo hace recurriendo a todos los medios a su alcance, legales o ilegales. El hecho hecho práctico es que el continente corre el riesgo de caer otra vez en un tiempo de grandes contradicciones y tensiones internas, que no facilitarán para nada su desarrollo justo y equilibrado.

Refiriéndonos al subcontinente, resulta una pena grave, o una lástima grande, que después de desembarazarnos de las sangrientas dictaduras y que lo hace recurriendo a los pueblos que nos impusieron a lo largo de la última mitad del siglo pasado, en buena medida como consecuencia de la guerra fría, todavía hoy parece que se renueva nuestra condena a vivir otro trozo de historia en condiciones angustiosas, y no las más aptas para lograr por fin un desarrollo humano, político y económico digno de las necesidades y las aspiraciones de estos centenares de millones de seres humanos que exigen una vida mejor. ¿Es posible?

Desde luego que los holocaustos en el Medio Oriente son materia de todos los días. Eso no disminuye un ápice su horror, ya que la costumbre, cuando se desdobla en creencia u obligación religiosa, no encuentra límites ni excepciones. Y la mejor prueba son los recientísimos actos de terrorismo en Bruselas, que tienen a Europa bajo amenaza y que se han ido realizando sistemáticamente: recordemos el 11 de septiembre en Nueva York, Londres, Madrid, París. Ya buena parte de Europa, varias de sus principales capitales, sometidas al terror que sólo podemos ver como profundamente irracional, como una interpretación absolutamente errónea de la voz de otros profetas, pero también como el resultado de la explotación y muerte a que las grandes potencias han sometido desde hace siglos a los pueblos musulmanes. El hecho es que en el camino de la reconciliación no se ha avanzado un ápice y que las heridas por todas partes siguen ofreciendo sangre de inocentes. Porque la idea de la destrucción enemiga no es más que una pesadilla que origina otras pesadillas cada vez más sangrientas, y que confirma que la sangre y la violencia sólo llamas a más sangre y más violencia. ¿Hasta cuando?

Por lo que hace a la terrible violencia en México sus causas son seguramente menos complicadas pero igualmente difíciles de erradicar, o al menos no hemos tenido ni remotamente la capacidad de controlar. Pero evidentemente hemos fallado en su erradicación o al menos en su control. Eso sí, podemos decir con un alto grado de certeza que esa violencia está seguramente vinculada otra vez a la pobreza y a la explotación, a las profundas marcas que la miseria ha dejado en almas y cuerpos, y que mientras no vayamos saliendo de esa encrucijada adelantaremos muy poco en el control y disminución de esa violencia que parece se ha apoderado de buenas porciones del país.

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BRASIL. Un Congreso delictivo y de una Justicia oligárquica y racista

Hacia un incierto escenario institucional

 

Juan Luis Berterretche
Rebelión

La conducción coercitiva del ex-presidente Lula el 4 de marzo a Congonhas por una exagerada fuerza de 200 policías armados a guerra liderados por cuatro oficiales de la policía federal y cuatro fiscales -procuradores- del Ministerio Público de São Paulo, se trató de una operación para evaluar el nivel de apoyo con que cuenta aún el PT y el “lulismo”. Y quizá un ensayo para medir cual sería el grado de resistencia popular que encontrarían en un escenario de destitución presidencial.
Lula fue conducido en sigilo a una sala VIP del aeropuerto de Congonhas (São Paulo) al lado de la pista, con una aeronave de la policía federal en el hangar pronta para decolar. La intención era de hecho, detenerlo y conducirlo a Curitiba (en Paraná) para mantenerlo encarcelado por tiempo indeterminado. Toda la acción desconocía la diferencia entre dos figuras contempladas por la ley brasileña: la de sospechoso y la de acusado. Lula podría ser tratado como sospechoso y en ese caso correspondía una intimación previa. Invitarlo a deponer sin aparato coercitivo, sin amenaza, ni prepotencia. Dejando claro que esa es la forma con que se encara la intervención de la justicia cuando el sospechoso es parte de la elite política o económica del país. Con la población pobre y periférica esos recaudos no existen. Pero partamos de que se trata de un ex-presidente y las sospechas contra Lula hasta ahora, no han mostrado mucha consistencia.

Toda la operación, fue avisada a la gran prensa con antecedencia para que pudiera divulgarla. El editor de la revista “Época” -del grupo Globo- anunció la operación contra Lula en Twitter horas antes. Esto, alertó también a los petistas de la artimaña que se estaba pergeñando.

A medida que el tiempo avanzó y se conoció la localización donde Lula estaba retenido, se fueron juntando parlamentarios y una multitud en el aeropuerto que hacía sentir su protesta a los gritos y reclamaba por la libertad de su líder.

La propia declaración de los promotores de la acción fallida, es que su estrategia era acusarlo de un conjunto de acciones de improbidad para impedir que Lula pudiera concurrir nuevamente a cualquier proceso electoral. La nota oficial de los procuradores se trataba, como afirmó el periodismo alternativo, de un libelo anticipando la pieza final de la acusación, antes de cualquier interrogatorio o investigación. Folha de São Paulo que apoya la campaña contra el PT confirma que estas eran las verdaderas intenciones de la operación montada por sus perseguidores.

¿Golpe institucional o parlamentario?

El episodio del secuestro “judicial” de Lula para algunas fuerzas políticas -en las que se encuentra el “petismo” institucional- plantearía el inminente peligro de un golpe institucional o parlamentario con la destitución de la presidente Dilma Rousseff, por medio de un proceso de impeachment. Es una caracterización política imprecisa a la que llegaron, por lo menos, con algunos años de retraso.

Siempre cuando se menciona “golpe” en Latinoamérica se liga a las experiencias del siglo XX. Pero las nuevas estrategias políticas en el mundo nos muestran que se pueden utilizar las elecciones para un cambio tajante de orientación gubernamental apoyándose en la crisis económica internacional, el desgaste de gobiernos “progresistas” y una fuerte intervención mediática, como en Argentina. Se puede realizar un expeditivo golpe parlamentario como en Paraguay -destitución de Lugo- y luego imponer en unas elecciones manipuladas por el imperialismo, un candidato extraído del narcotráfico. Y estas son sólo algunas de las posibilidades ya ejecutadas. Vamos a presenciar otras operaciones novedosas sin intervención de los cuarteles.

Con un componente que ha sido muy exitoso en todos los continentes: una “campaña” nacional sesgada contra la corrupción que termina entregando el estado a gobiernos más corruptos como fue el caso emblemático de Manos Limpias (Mani Pulite) en Italia que dejó como herencia a Berlusconi. Y que sería el futuro de Brasil si la oposición (Partido Social Demócrata de Brasil -PSDB-, con apoyo del Partido del Movimiento Democrático de Brasil-PMDB) desplaza a Dilma y toma la conducción gubernamental.

Por detrás de toda la situación hubo y hay un proceso de “golpe” con el modelo exitoso imperialista de las “primaveras” ejecutadas en todos los continentes. Apoyado en una falsa campaña anti-corrupción -Lava Jato- con la mira puesta en los representantes del PT. Una campaña que no se centra en hechos sino en personas y en especial en petistas y aliados, evitando la condena a los grandes corruptos de la oligarquía, que durante siglos la perfeccionaron como un beneficio patrimonial endémico incuestionable que les entregaba el estado brasileño. Se trata del principal pilar, que con el racismo, sostiene la enorme desigualdad social en el país.

Una campaña que en verdad está dirigida a destruir todas las conquistas limitadas que se consiguieron durante el “lulismo”, muchas de ellas -como el aumento del salario mínimo- que no fue una concesión “lulista” sino una conquista de la movilización de una nueva clase obrera surgida en las favelas y la periferia de los centros urbanos, por el proceso de integración al mercado de trabajo de decenas de millones, con las obras públicas impulsadas por el PT.

A direita sempre foi o principal fator de instabilidade política

Editorial Portal Vermelho

O povo nas ruas defende a legalidade e barra o impeachment

 

A Câmara dos Deputados já foi presidida por homens com alto sentido da função pública, da moralidade republicana, e da responsabilidade democrática. A lembrança de deputados do calibre e da honradez de Ulysses Guimarães ou Adauto Lúcio Cardoso se impõe. Eram políticos que colocavam os interesses do país, as exigências da democracia, e sua própria honra, acima de qualquer interesse pessoal.

Não é o que acontece em nossos dias. A Câmara dos Deputados é presidida por um deputado contra o qual se acumulam acusações sobre acusações. De faltar com a verdade em CPIs, de receber dinheiros ilícitos, de manter contas secretas no exterior. De usar seu cargo, que o coloca em linha direta na sucessão presidencial, como um biombo que o esconda dessas acusações ou como recurso para fazer chantagens políticas em defesa de interesses pessoais e espúrios.

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, decidiu, nesta terça-feira (2), iniciar um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, e não há como esconder o objetivo de retaliação contra o anunciado voto dos deputados do PT, na Comissão de Ética da Câmara, pela abertura de um processo parlamentar em que ele será julgado.

Além das chicanas políticas, da pequenez da atuação desse parlamentar que, incensado pela mídia conservadora e com decisivo apoio da direita na Câmara dos Deputados (as bancadas do PSDB, DEM, PPS e Solidariedade foram decisivas na eleição e nas ações de Cunha), é preciso levar em conta que a luta de classes, em sua manifestação mais crua, surge sem disfarces na cúpula do Estado brasileiro.

Ao longo de nosso período republicano os governos democráticos e progressistas que estiveram à frente da Presidência da República geraram reações golpistas. A direita, que sempre foi o principal fator de instabilidade política no Brasil, agiu da mesma maneira contra Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Luiz Inácio Lula da Silva e, agora, contra Dilma Rousseff, contra quem nada há que possa legitimar uma ruptura institucional tão grave que justifique a perda de seu mandato – nem há fundamento jurídico, nem a presidenta praticou qualquer ato ilícito que fundamente a medida absurda pretendida pela direita.

A direita, que ao longo do tempo mandou nos rumos do país, não recua em usar os recursos ilegais e antidemocráticos – se não alcança o poder pela via legal, pelo voto popular, rasga a lei para tomar o governo de assalto.

É o que tenta agora. Com os apoios de sempre, sendo o mais caricato deles a figura deletéria do senador, ex-governador mineiro e candidato tucano derrotado em 2014, Aécio Neves, que posa de “campeão” do impeachment.

A direita, sobretudo seu principal partido, PSDB, quebrou o Brasil três vezes, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi campeã na criação de desemprego, de arrocho salarial, de empobrecimento dos brasileiros e de humilhação nacional ante as imposições de governos estrangeiros, principalmente dos EUA. Este quadro mudou desde o início do atual ciclo de mudanças democráticas e soberanas no Brasil. Nos governos Lula e Dilma, desde 2003, mesmo no cenário da grave crise mundial do capitalismo, o Brasil avançou, a vida do povo melhorou, o país se tornou respeitado no mundo.

São mudanças que contrariam o programa da direita e ameaçam seus privilégios. E movem a oposição conservadora para, a todo custo, retomar o controle da Presidência da República.

Mas não passarão. O golpe da direita, desta vez, vai fracassar. Os golpistas terão que derrotar o campo progressista e democrático nas esferas institucionais – na Câmara dos Deputados e nas posições mais altas do Judiciário.

A luta pela legalidade vai ocupar as ruas nesta conflagração iniciada pela direita. Os democratas e progressistas sairão em defesa da legalidade e do mandato constitucional da presidenta da República.

O povo, nas ruas, vai vencer os golpistas, derrotar de vez a direita e consolidar as mudanças democráticas que o Brasil vive desde 2003. A direita não passará!

O primeiro mandado de segurança contra o impeachment de Dilma

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

URGENTE – MEDIDA LIMINAR

RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, em exercício do mandato de deputado federal pelo PC do B/MA, com endereço na Câmara dos Deputados, no Anexo III, gabinete 574 (Documento no 01 – Documentos pessoais), por meio de seu advogado devidamente constituído (Documento no 02 – Instrumento procuratório), com endereço profissional em Setor Comercial Sul, Quadra 1, Edifício Denasa, sala 303 – Brasília – DF, onde deverá receber qualquer comunicação do feito, vem impetrar o seguinte

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

contra ato do Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Deputado Eduardo Cunha, com endereço no Palácio do Congresso Nacional, nesta capital, pelas razões fáticas e jurídicas abaixo perfiladas.

I. HISTÓRICO

A autoridade impetrada recebeu, aos 02 de dezembro p.p., denúncia de crime de responsabilidade contra a Presidente da República.

Ao fazê-lo sem notificar previamente a Presidente para que oferecesse resposta, violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além do parágrafo único do art. 85 da Constituição Federal, o art. 38 da Lei no 1079/50 e o caput do art. 514 do Código de Processo Penal.

II. DO INTERESSE DE AGIR

Aponta-se no presente writ violação aos princípios da legalidade, do contraditório e ao direito fundamental à ampla defesa da Presidente da República.

Inegável, pois, a envergadura constitucional da presente ação, o que habilita esta Corte Suprema a manifestar-se sobre seu objeto, nos exatos termos da norma disposta no inciso XXXV do art. 5o da Constituição da República:

Art. 5o, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Essa é a jurisprudência:

“MS 21689 / DF

Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Julgamento: 16/12/1993 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: – CONSTITUCIONAL. “IMPEACHMENT”. CONTROLE JUDICIAL. “IMPEACHMENT” DO PRESIDENTE DA REPUBLICA. PENA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. C.F., art. 52, paragrafo único. Lei n. 27, de 07.01.1892; Lei n. 30, de 08.01.1892. Lei n. 1.079, de 1950. I. – Controle judicial do “impeachment”: possibilidade, desde que se alegue lesão ou ameaça a direito. C.F., art. 5., XXXV. Precedentes do S.T.F.: MS n. 20.941-DF (RTJ 142/88); MS n. 21.564-DF e MS n. 21.623-DF. (…)”

III. DO ART. 38 DA LEI No 1079/50 E O ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Lei no 1.079/1950 é o diploma legislativo que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Bastante lacunosa, a própria lei estabelece os instrumentos para o preenchimento daquilo que deixou de regular.

Assim, nos termos de seu art. 38:

“no processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal”.

A interpretação dessa norma deve partir do pressuposto de que o processamento do Presidente da República por crime de responsabilidade constitui instrumento de natureza político-administrativa com enorme repercussão nas estruturas democráticas do país.

Diversas são as imbricações deste procedimento com os fundamentos de nossa República, constituída por um Estado Democrático de Direito que tem alicerces fincados na soberania, na cidadania e na dignidade da pessoa humana.

Por esses motivos, as regras que incidem sobre esse procedimento combinam o que dispõe a lei no 1.079, de 1950, bem como os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do Código de Processo Penal.

Da análise sistemática das disposições em tela deve-se observar que o vetor interpretativo a ser abraçado, de acordo com nosso marco constitucional, conduz à necessidade de harmonização dos procedimentos adotados no processo de apuração de crime de responsabilidade do Presidente da República com as garantias necessárias ao respeito à soberania popular e às instâncias democráticas, que derivam, sobretudo, da supremacia do voto direto. Não menos importantes são os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal e do respeito à dignidade humana do cidadão que é acusado, titular ou não de cargo eletivo.

A natureza política do processo de impeachment não tem o condão de afastar garantias fundamentais, especialmente quando elas contribuem para a melhor solução do caso concreto, em prestígio à soberania popular e ao Estado Democrático de Direito.

Nessa esteira, fica claro que, em face da sistemática processual penal, deve-se respeitar o disposto no caput do art. 514 do CPP, que dispõe:

“Art. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.”

É dever do Presidente da Câmara dos Deputados, portanto, ao perceber que a denúncia por crime de responsabilidade preenche os requisitos formais, notificar a Presidente da República para responder por escrito a acusação para, somente depois de juntada a resposta aos autos, proceder à análise da justa causa.

A aplicação analógica da norma processual penal é devida em razão da antiga máxima “ubi eadem ratio ibi idem jus”: o objetivo da norma é evitar a instauração de processos descabidos sem a mínima justa causa, protegendo assim o próprio servidor e, sobretudo, o regular funcionamento da Administração Pública.

A mesma exigência de contraditório prévio é prevista pelo caput do art. 4o da Lei no 8.038, de 1990:

“Art. 4o – Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.”

No sentido proposto, já se manifestaram os professores Juarez Tavares e Geraldo Prado, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parecer pro bono sobre a matéria:

“4. O dever de assegurar ao Presidente da República o direito à audiência prévia ao despacho de processamento do pedido de impeachment pelo Presidente da Câmara dos Deputados, antes da eleição da comissão especial, caso a denúncia não seja rejeitada liminarmente pelo Presidente da Casa – aplicando-se a regra do art. 4o da Lei no 8.038/1990. A filtragem constitucional da Lei no 1.079/50impõe seja ela, no aspecto atinente ao exercício do direito de defesa (e audiência), aplicada consoante os termos da lei posterior que garante ao acusado a apreciação de suas razões antes da emissão de juízo de admissibilidade, ainda que provisório, da acusação. A Lei Federal no 8.038/90 cumpre este papel de integração porque tutela de modo efetivo o direito de defesa do Presidente, que igualmente configura garantia do regime republicano-representativo”

Não faz sentido conferir-se ao servidor público denunciado por peculato culposo (art. 312, § 2o do Código Penal), por exemplo, o direito ao contraditório prévio e não se conferir o mesmo direito fundamental ao Presidente da República, denunciado por acusação grave que pode levar a destitui-lo do cargo para o qual foi eleito por dezenas de milhões de votos.

No caso de instauração de processo por crime de responsabilidade contra o Presidente da República a exigência de prévio exercício do contraditório agiganta-se, vez que a simples deflagração do procedimento é capaz de causar verdadeira tormenta política, administrativa, econômica e social, com reflexos internacionais. Não se trata de um servidor público qualquer, mas do Chefe do Poder Executivo da República.

O prejuízo que decorre da não observação da garantia processual, portanto, é evidente, por transcender em muito a esfera de direitos da cidadã denunciada.

IV. DA LIMINAR

Presente o fumus boni iuris, cabe ressaltar a imperiosa necessidade de concessão de medida liminar, em razão do periculum in mora.

É difícil mensurar a magnitude do impacto político-econômico-social que a instauração de um processo de impeachment contra o Presidente da República acarreta. Sabe-se apenas, com segurança, que ele é enorme. O país precisará de meses, senão anos, para recompor-se, independentemente do desfecho do processo.

Cabe a esta Suprema Corte, diante da ilegalidade que configura o recebimento da denúncia sem prévio contraditório, atuar de maneira célere para restaurar parcela da estabilidade político-social no país.

O mínimo que se exige, diante de tão extremo cenário, é parcimônia. E à parcimônia, no processo, chega-se apenas com o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, conforme albergados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

V. DO PEDIDO

Pelo exposto, requer-se:

1. A concessão de medida liminar para suspender a eficácia da decisão que recebeu a denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da República, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança;

2. A notificação da autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal;

3. A oitiva do representante do Ministério Público;

4. No mérito, a concessão da segurança para anular a decisão que recebeu a denúncia por crime de responsabilidade contra a Presidente da República, determinando-se à autoridade impetrada que, antes de decidir sobre eventual recebimento da denúncia, notifique a Presidente da República para apresentar resposta, nos termos do art. 38 da Lei no 1079/50, do caput do art. 514 do Código de Processo Penal e do caput do art. 4o da Lei no 8.038, de 1990.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais. Termos em que pede deferimento,
Brasília, 03 de dezembro de 2015.

RENATO FERREIRA MOURA FRANCO OAB/DF 35.464

CRISIS POLITICA Y ECONOMICA DE BRASIL

Contraofensiva de Dilma

En los congresos de la CUT y de la Confederación Sindical Mundial, con Lula como protagonista, la presidenta de Brasil recibió un fuerte apoyo para enfrentar el golpe institucional de la derecha.

dilma golpe ditadura

Por Néstor Restivo


Con dos ejemplos, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva aclaró la razón de la ofensiva de la derecha al gobierno de su sucesora y compañera del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. El primero: “La señora se pone un buen perfume el viernes para encarar el fin de semana. Y el lunes, cuando la empleada doméstica regresa a su casa, la señora ve que ella también usa el mismo perfume”. El segundo: “América latina tuvo universidades muy tempranamente tras la llegada de Colón, sólo unos pocos años después abrió la primera en la actual República Dominicana, y en los siglos siguientes las hubo en Perú, Bolivia, Argentina. En Brasil la primera abrió recién en 1922 porque nuestra élite nunca quiso un pueblo educado”. Lula recordó que en estos doce años de gobiernos del PT abrieron 18 universidades y 455 escuelas técnicas, “contra 140 que se habían abierto en todo un siglo”.

Dilma también dijo que la minoría brasileña “alimenta a diario a través de la prensa, con odio e intolerancia, a un pueblo que nunca tuvo esas características, porque no aguanta el ascenso social que vivimos estos años”, refiriéndose a los más de 40 millones de personas que salieron de la pobreza o a los 22 millones de nuevos trabajadores, que hoy (Lula) “por primera vez tienen auto, o viajan en avión y colman los aeropuertos como si fueran rodoviarias (terminales de micros). Todo eso antes estaba reservado sólo a los ricos”.

campanha do ódio

Ambos dirigentes hablaron semanas atrás ante el 12º Congreso de la Central Unico de Trabajadores (CUT), en San Pablo, en medio de una brutal ofensiva para iniciar un juicio político a Dilma para desplazarla del poder y de un clima económico grave, con la peor recesión en Brasil en el último medio siglo. También sesionó en la misma ciudad brasileña la Confederación Sindical Internacional, que hace unos años unificó a distintas centrales (socialdemócratas, socialcristianos y de izquierda) luego de que el fin de la Guerra Fría, la caída del mundo soviético y la ofensiva neoliberal lo hicieron posible. Fue una muestra de apoyo a la CUT, al PT y a Dilma frente al cuadro político, con asistencia de numerosos líderes mundiales entre ellos el líder de una de las organizaciones de Túnez recientemente galardonada por el Premio Nobel de la Paz, la Unión de Trabajadores del país africano; líderes sindicales de la estadounidense AFL-CIO, de Canadá, Australia, Alemania, Italia y de todos los países latinoamericanos, entre ellos la CTA y la CGT, y el ex presidente del Uruguay Pepe Mujica, quien propuso una lucha mundial por la jornada laboral de seis horas, para combatir el consumismo y la sobreproducción.

“El PT tiene algunas divergencias internas sobre cómo encarar la crisis económica. Pero la CUT y los movimientos sociales son la verdadera base de apoyo que tiene Dilma para remontar la situación y para poner resistencia al golpe”, dijo a Cash el dirigente Joao Felicio, ex presidente de la CUT y actual presidente de la CSI. La gran contradicción que tienen el gobierno de Dilma es el ajuste fiscal y la elección de un neoliberal en la cartera económica, el ministro Joaquim Levy, que fue realizado a principios de año y de su segundo mandato de la jefa de Estado (cuando recibió 54 millones de votos) para tratar de congraciar al mercado y al establishment. Pero éstos le devolvieron el favor con la ofensiva golpista, que surge de sectores del poder judicial y de un Parlamento que el PT no controla.

“El Poder Judicial, dada su composición histórica de jueces derivados de la élite, ha ejercido cada vez más la presión política, a menudo con un sesgo conservador, y además de promover una persecución sistemática de la izquierda y de los movimiento sociales y sindicales, con acusaciones, juicios y encarcelamiento de una manera completamente arbitraria y partidista”, dijo la CUT, que también tiró dardos al Parlamento e hizo una defensa tan encendida de Dilma como de los derechos adquiridos y contra el ajuste.

corrupção dilma aécio psdb tucano

La situación brasileña es muy crítica en lo económico y explica la abrupta caída de popularidad de la Presidenta: recesión, devaluación, fuerte caída de exportaciones, duplicación del desempleo en un año – del 4 al 8 por ciento – y muchas empresas paradas por el escándalo de Petrobras, que afectó y detuvo negocios previstos por sectores muy dinamizadores como el propio petróleo o las industrias naval y del acero. Justamente ese escándalo, derivado de la financiación de los partidos por empresas, públicas y privadas, está en el centro de las acusaciones contra el gobierno. Pero en verdad cruza a todo el arco político, es muy antiguo y reclama una reforma del sistema de financiación de los partidos.

Dilma habló ante los líderes sindicales como pocas veces lo había dicho. Tanto, que Lula afirmó en el mismo escenario y unos minutos después que “hoy se ha convertido ya no en presidente de Brasil sino en una líder política”.

La primera mandataria le apuntó claramente a Eduardo Cunha, del PMDB y presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene la llave del juicio político (en los últimos días mermó esa posibilidad, pero sigue latente la amenaza con otras iniciativas desestibilizadoras) y está envuelto él mismo en varios escándalos de corrupción, con cuentas secretas en Suiza descubiertas recientemente. Dilma le dijo: “Quién tiene autoridad moral para atacar mi honra. Luché mi vida entera por la libertad (Lula luego recordó su paso por la cárcel y la tortura durante la dictadura militar brasileña) y seguiré luchando para defender el mandato que me dio la voluntad popular y nuestro proyecto de democracia con inclusión social”.

La CUT la aclamó.

En su documento para el congreso sindical recordó que hoy hay en Brasil “el Congreso más conservador desde el fin de la dictadura, con predominio de sectores reaccionarios, vinculados a fanáticos religiosos, latifundistas, fuerzas de seguridad y sistema financiero, incluso nostálgicos de la dictadura”, y definió el eje de la derecha en estos términos desde el año pasado, cuando la Presidenta iba por la reelección: “Dilma no puede ser elegida; si es elegida, no puede tomar posesión; si toma posesión, no puede gobernar”. El apoyo sindical y de los movimientos sociales parece ser la retaguardia desde la cual el gobierno brasileño –que igual que los de Argentina, Venezuela y Ecuador sufren permanentes acciones de erosión por parte de quienes relegaron algo de poder estos años– puede empezar a recuperar el camino y enfrentar la ofensiva golpista.

Brasil, dictadura, colonización y expansión

Las venas de América Latina siguen sangrando

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El 31 de Marzo de 1964, un golpe de Estado encabezado por militares derechistas derroca al presidente João Goulart. El golpe se da como respuesta a medidas nacionalistas tomadas por su gobierno como los controles al aumento del precio de los alquileres, la nacionalización de las refinerías de petróleo, la expropiación de las tierras no explotadas y la limitación de la exportación de ganancias obtenidas por las empresas foráneas, medidas que daban cierta autodeterminación al país, sacudían parte de la injerencia imperialista y afectaban intereses de la oligarquía.

A raíz del golpe, revueltas populares se levantan, los movimientos sociales así como los partidos políticos de izquierda son perseguidos, se cuentan por miles los asesinatos cometidos por la dictadura; la represión es combatida por grupos guerrilleros de ideología marxista e influenciados por el triunfo de la revolución cubana. Mientras el pueblo sufre la represión brutal, la oligarquía nacional brasilera y el imperialismo acrecientan sus inversiones, expanden los latifundios y aumentan sus ganancias y fortunas. 21 años después, la presión popular y el desgaste de la dictadura, la hacen caer, se realizan elecciones directas.

Al final de los años 60 y 70 y como parte de la política económica de la dictadura, se inició una agresiva campaña de “colonización” y expansión de las inversiones en la zona norte del país, más específicamente en región amazónica, lo que produjo deforestación y potrerización de millones de hectáreas con la consecuente concentración y ampliación latifundista (sólo una familia, los Mutrán, llegó a tener más de 50 mil hectáreas), para la misma época -en el año de 1967- se descubren los yacimientos de hierro en la “serra dos Carajás” por una empresa subsidiaria de la “United States Steel Corporation”.

Debido al importante hallazgo la compañía Vale do Rio Doce, para el año de 1970 empieza a desarrollar el “Projeto Carajás”. En esta misma zona fueron también descubiertos otros yacimientos minerales de cobre, manganeso, bauxita, níquel, estaño y oro, además en la región también está la “Serra Pelada”, gigantesca explotación artesanal de oro -que fue inmortalizada por el fotógrafo Sebastián Salgado – ahora abandonada por los pequeños mineros y la riqueza del yacimiento exprimida por la Vale.

El descubrimiento de los yacimientos contribuyó en gran medida a la deforestación de la selva amazónica en esta parte de Brasil, no sólo por los daños ambientales propios de la explotación minera sino también por la ampliación de la frontera agropecuaria con fines latifundistas y la destrucción de miles de hectáreas de bosque para quemar su madera y de esta forma producir el carbón necesario para el funcionamiento de siderúrgicas en la región sur-sureste de Pará, norte del estado de Tocantins y oeste de Maranhão.

La Vale.

preço vale picolé

En la primera fase que se desarrolló en los años 70 y 80 del proyecto Carajás se explotaban cerca de 10 millones de toneladas de hierro al año con una calidad cercana al 70% de hierro en el material extraído, para esos años la Vale do rio doce (Valle del río dulce) era una de las empresas insignias del Estado brasilero que para la primera mitad de los años 90 explotaba en promedio 80 millones de toneladas de mineral de hierro, sin embargo la súper-explotación de los minerales del rico subsuelo de esta parte de la Amazonía aún no empezaba.

Para el año de 1997, en la presidencia del neoliberal Fernando Henrique Cardozo, el gobierno brasilero privatiza la empresa, cambia su nombre de Vale do rio Doce a simplemente Vale, para ese año se produjeron 184.974.000 toneladas de mineral de hierro y acero en el Brasil de las cuales por lo menos 100 millones salieron de las minas del complejo Carajás. La privatización de la empresa aumentó exageradamente la explotación de minerales, para el año 2008 la producción de mineral de hierro y acero en el Brasil llegó a 360.000.000 de toneladas de las cuales 250.000.000 salieron del sur sureste paraense.

En la actualidad la producción brasilera llega a la cifra de 400.000.000 de toneladas al año, de las cuales tres cuartas partes son producidas en el complejo del sureste Paraense dando la increíble cifra de 822.000 toneladas diarias convirtiéndola en una de las minas de hierro más grandes del mundo y con miras a expandirse. Las acciones de la empresa se encuentran en proporción de un 55% en manos de fondos de inversión estatales y un 45% en manos de bancos y otros inversionistas privados, la Vale cotiza sus acciones en las bolsas de valores de París, Nueva York, Hong Kong y São Paulo y junto a la BHP Billingtong (Dueña en Colombia de Cerromatoso en el departamento de Córdoba y accionista de El Cerrejón) y la empresa Río Tinto son las tres mayores mineras a nivel mundial.

Esta gran cantidad de hierro extraído sobrepasa de lejos la demanda interna brasilera que ronda los 35 millones de toneladas anuales y que es suplida por explotaciones en el estado de Minas Gerais por compañías como la propia Vale y Votorantim (ahora dueña de Acerías Paz del Río y Minas Paz del Río en Colombia). Por consiguiente el 90% de la explotación de mineral es para la exportación en bruto a países como Alemania, Estados Unidos, Japón y China, material que es transportado en camiones y por vías férreas por trenes con 300 vagones que hacen entre 6 y 8 viajes de ida e igual número de vuelta al día, desde la región de la explotación hasta el puerto situado en la ciudad de São Luis, capital del estado de Maranhão.

Para el 2014 la empresa Vale obtuvo ganancias netas por el orden de 657 millones de dólares y además pagó 4.200 millones de dólares en dividendos a los accionistas por su producción de 331.6 millones de toneladas de mineral de hierro y sus inversiones en más de 35 países. Sin embargo la empresa calificó el año pasado como “un año muy difícil debido a la caída acentuada hace cinco años de los precios de los commodities.”[1]

En Brasil y debido a leyes y normas de los gobiernos las empresas mineras pagan en materia de impuestos sólo entre el 1 y 3% de las ganancias obtenidas por sus operaciones, dependiendo del mineral extraído, además, reciben exenciones tributarias para actividades como la exportación.

Aparte de las actividades de explotación del mineral, la empresa es dueña de la línea férrea de 900 kilometros que conecta el complejo minero de Carajás con São Luis de Maranhão, del puerto de embarque y de los barcos para la exportación de material.

En Colombia, hasta el año 2012 la empresa Vale tuvo inversiones cercanas a los 300 millones de dólares en el departamento del Cesar, en donde explotaba una mina de carbón térmico que producía alrededor de 4,5 millones de toneladas al año, además poseía un puerto de embarque en el Atlántico y acciones que le daban propiedad de aproximadamente el 10% de Fenoco (ferrocarriles del norte de Colombia), estos activos fueron comprados por un fondo de inversionistas privados.

Los trabajadores.

En los años del funcionamiento de las mineras y el avance territorial del capitalismo en la región se han presentado diferentes transformaciones ecológicas. La región sur de Pará ha visto el nacimiento de ciudades importantes en menos de 30 años, caso emblemático el de la ciudad de Parauapebas que con 27 años cuenta ya con una población cercana a los 300.000 habitantes -quienes en su mayoría están relacionados con la minería, el transporte y los servicios- expulsando a los indígenas y ocupando porciones de selva a las márgenes del río homónimo.

Para llevar a cabo sus operaciones, la Vale Carajás emplea directamente una cifra cercana a los 12.000 trabajadores, sin embargo, por cada trabajador con vinculación directa, la empresa tiene 3 tercerizados es decir, trabajan para la Vale pero su vinculación laboral se hace a través de otras empresas, garantizando salarios más bajos, menores garantías económicas y sindicales y aún más ganancias para la empresa.

Así como en los años anteriores a su privatización la empresa representaba para el estado brasilero un activo estratégico, para los trabajadores se mostraba como una oportunidad de trabajo estable, con salarios que rondaban en promedio el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales y otros beneficios. A raíz de la privatización de la empresa las vinculaciones se han pauperizado, los salarios han bajado hasta 2.5 salarios mínimos mensuales en promedio y por la “crisis” de la empresa se han recortado beneficios como el subsidio de arriendo para vivienda, la bolsa de alimentación y el paquete de salud.

Es importante resaltar que según algunos estudios, los trabajadores de este tipo de minería monstruosa tienen probabilidades significativamente más elevadas de sufrir amputaciones, la muerte o problemas mentales asociados a la esquizofrenia.

Para enfrentar las intenciones de los patronos y darle mayor fuerza a la lucha de los trabajadores, se creó Metabase, sindicato de los trabajadores de la industria de hierro y metales básicos, que cuenta con 23 seccionales estaduales en Brasil y miles de asociados. Sin embargo y en contra de los intereses de los obreros, en 22 de las 23 seccionales del sindicato las direcciones apoyan decididamente las medidas de la empresa llegando incluso a perseguir a trabajadores que promueven reivindicaciones obreras, a esta dinámica de cooptación del movimiento sindical sólo escapa la seccional de estado de Minas Gerais.

Para el caso de Carajás, de los trabajadores vinculados directamente, 4.000 están afiliados al sindicato constituyendo de esta manera la mayor seccional del sindicato en el Brasil, también en manos de los patronos pero con un creciente Movimiento de oposición sindical que por un lado ha sido apoyada por movimientos sociales y reprimida por la empresa y sus esbirros en el sindicato.

La disputa por el sindicato en Pará ha tenido como centro de la persecución al trabajador Anízio Álves Teixeira, uno de los impulsores del Movimiento de oposición sindical y candidato a las elecciones del sindicato por la chapa (plancha) 2, Anízio fue despedido ilegalmente de la empresa, por sus labores políticas, por la distribución y participación en la edición del informativo “a classe operaria sem censura” (“la clase trabajadora sin censura”) que denuncia los movimientos de la empresa así como el mal proceder de las directivas del sindicato. Un juez ordenó la restitución de Anízio a su trabajo a lo que la empresa ha contestado dilatando la realización de las elecciones, presionando al sindicato para declarar ilegal la postulación de la chapa 2 y buscando que sus miembros sean despedidos.

El capital arremete y clava sus garras con más fuerza.

fhac vale

La división internacional del trabajo como repartición capitalista del mundo impuesta violentamente o por medio de medidas que buscan explotar las “ventajas comparativas” con locomotoras o planes desarrollistas, busca los mayores rendimientos para la acumulación de capital pasando por encima de comunidades, biomas y territorios sin importar necesidades reales de pueblos y naciones.

En esta división capitalista del mundo, a las tierras del sur se nos imponen las necesidades de las transnacionales y del imperialismo como propias, así, nuestros países se convierten en productores de materias primas – commodities -.

En la amazonia brasilera aparte de la depredación causada por la Vale, los inversionistas están inyectando enormes cantidades de dinero para la instalación de monocultivos de maderables como pino, eucalipto y teca, y cereales como soja y maíz –agronegocio-, construyendo enormes represas para la generación de energía –hidronegocio- y cebando millones de cabezas de ganado para la exportación – 70 millones de cabezas de ganado tiene en la actualidad la región norte de Brasil-, negocios que necesitan de un paso anterior común: la deforestación y el desplazamiento de comunidades.

Llama la atención que estos intereses son muy parecidos a los que impulsaron la confianza inversionista del expresidente Álvaro Uribe e impulsan la locomotora minero-energética y el proyecto de las Zonas de interés de desarrollo empresarial ZIdres de Santos en Colombia, así como el proyecto de interconexión internacional IIRSA para la amazonia.

Los pueblos resisten.

La llegada de estas empresas e inversiones generan, de cualquier manera, reacciones, ya sea en muchos casos de postración a los intereses del capital por gran parte de los gobiernos o la disputa por el territorio y el manejo soberano de los bienes de la naturaleza, que hacen las comunidades para desarrollar lo que han denominado un proyecto popular para Brasil.

Es así como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra –MST- hace frente al latifundio con tomas de tierras, campamentos y lucha política por una reforma agraria que vaya más allá de la distribución de la tierra y garantice un buen vivir para los campesinos y una lucha frontal contra el agronegocio y la llamada revolución verde.

Contra la minería en sus afectaciones y su política se destacan el Movimiento Nacional por la soberanía popular frente a Mineração –MAM-y los sectores del sindicalismo popular, así como comunidades indígenas, campesinas y negras que viven en carne propia los problemas causados por la minería.

Existe además el Movimento dos atingidos pelas barragens –MAB- movimiento que tiene reivindicaciones contra las hidroeléctricas y sus afectaciones.

Estos movimientos son sólo una muestra de las organizaciones que resisten existentes en la región y en Brasil en general.

La lucha para detener el desangre de las riquezas naturales de nuestras naciones y pueblos traspasa esfuerzos individuales y necesita de organizaciones sociales y populares, regionales, nacionales e internacionales que encaminen sus esfuerzos para la construcción de un proyecto económico político y social que deje atrás el capitalismo y su depredación natural y humana.

En los últimos años se han dado pasos en firme para la consolidación de articulaciones internacionales de lucha como lo son la Vía Campesina a la cual el Coordinador Nacional Agrario CNA hace parte y el ALBA de los pueblos que cuenta con la participación del Congreso de los pueblos.

Las luchas locales y propias de nuestras comunidades en pos de la soberanía y autodeterminación de los pueblos son aporte y garantía para las luchas del mundo y apoyo real para hacerle frente a las transnacionales de múltiples facetas y expresiones como la Vale.
Nota

ar_uno. vale

[1] Palabras de Luciano Siani, director ejecutivo de Finanzas de Vale, en un video dirigido a los inversores. Información de AFP.
Publicado originalmente en: Trochando Sin Fronteras: http://trochandosinfronteras.info/la-vale-las-venas-de-america-latina-siguen-sangrand/

Au Brésil, Eduardo Cunha, l’homme qui menace Dilma Rousseff

par Claire Gatinois/ Le Monde

Dacosta

Dacosta

Humilié, un genou à terre, il compte se venger. Dimanche 4 octobre, le redoutable Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés du Brésil, visé par une enquête de corruption, a prévenu sur son compte Twitter que la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff « ne restera pas dans les tiroirs ». « Je n’ai d’autre rôle que celui-là. Ceux qui parlent aimeraient que je laisse [la procédure de destitution de la présidente] dans un tiroir. Cela n’arrivera pas », a-t-il lancé, défiant son ennemie.

Dilma Rousseff peut trembler. L’homme dispose d’un pouvoir de nuisance à la mesure de son habileté politique. C’est-à-dire colossal. Il l’a démontré lors de son élection à la présidence de la Chambre des députés en février 2015. Non favori, il a su manigancer pour se hisser à la tête de la « Camara ». « Tout le monde a peur de Cunha. Il est extrêmement agile et efficace », observe Gilberto Maringoni, professeur de relations internationales à l’université fédérale ABC, dans la banlieue de Sao Paulo.

« Tout le monde a peur de Cunha. Il est extrêmement agile et efficace »

Affilié au Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB), une immense formation centriste dont les convictions politiques fluctuent selon les circonstances, M. Cunha est décrit comme un opportuniste aux idées très conservatrices. Opposé à l’avortement et au mariage pour tous, favorable à l’abaissement de la minorité pénale à 16 ans, il est évangélique et proche d’une partie des milieux d’affaires qui financent des campagnes politiques