VENEZUELA. Las conexiones financieras de Leopoldo López

William Serafino
Resumen Latinoamericano /Misión Verdad

Leopoldo López, o queridinho de Aécio Neves

Leopoldo López, o queridinho de Aécio Neves, quando estudava em Harvard

El legado familiar y financiero de Leopoldo López devela un conjunto de conexiones tejidas en beneficio de grandes intereses corporativos y transnacionales. La amplia red de ONGs, tanques de pensamiento y aparatos de espionaje que son utilizadas para filtrar financiamientos y recursos de todo tipo en función de desestabilizar a Venezuela, forman parte de una agenda mucho más grande enmarcada en el asedio financiero hacia Venezuela. Leopoldo López es el empleado más importante que posee la gran banca estadounidense en el país con las mayores reservas de crudo del planeta.

Familia y contactos

Mientras la historia política venezolana se partía en dos en medio de la rebelión popular de 1989, Leopoldo López iniciaba por aquellos días sus estudios universitarios en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. La reputación y fama internacional que recaba esta institución académica residen, principalmente, en la captación y formación exhaustiva de nuevos agentes de las instituciones de poder global, redes de inteligencia y de sus derivados pertenecientes al poder blando.

El general norteamericano David Patreus, director de la CIA hasta la última reelección de Barack Obama (2012) y uno de los principales promotores en la creación de una zona de ataque en conjunto con Turquía en el norte de Siria a través del general John Allen, dio clases y conferencias en esta institución con el objetivo de captar y capacitar empleados para la organización. Leopoldo López despuntó rápido en el certamen y se llevó todos los aplausos.

Pero el desarrollo antipolítico de Leopoldo López no se debe a su talento natural nada más. Sin duda alguna recibió bastante apoyo de su tío, Thor Halvorssen Hellum, el cual aparte de ser el impulsor de la privatización de la Cantv mientras fue presidente de dicha institución durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, también participó como agente de la CIA llevando suministros militares y dinero en efectivo a la contrainsurgencia mercenaria contra Nicaragua y El Salvador.

La piromanía de los López Mendoza es genética, tanto así que el famoso caso del carro bomba que explotó en el C.C.C.T. en el año 1993, tuvo a Thor Harlvorssen Hellum como autor intelectual. Es una cuestión de familia.

Herencia y negocios

Paradójicamente, el hijo de este terrorista y en consecuencia el primo hermano de Leopoldo López, Thor Harlvorssen Mendoza, fundó en el año 2005 una ONG conocida como Human Rights Foundation con el apoyo financiero de su padre. La sede del aparato de inteligencia en cuestión tiene su sede en el principal centro financiero de la élite occidental: Nueva York.

Y fue precisamente en los pasillos de los edificios financieros de Nueva York donde Harlvorssen padre aprendió rápidamente cómo se batía el cobre de los negocios transnacionales. Logró hacerse con los derechos comerciales de las multinacionales Duplon Tyres (automóviles y neumáticos), Ericcson (telecomunicaciones y equipos electrónicos) y British Cellophane (empaques y manufacturas de plástico), además de conseguir jugosas líneas de crédito internacional altamente especulativas para erigirse como un importante “empresario” de la construcción inmobiliaria, del ramo asegurador, de hoteles, casinos y clubes nocturnos.

En los años 80 y 90 el Estado venezolano asumiría estos despropósitos económicos como parte de la “deuda pública externa” del país.

Pero no todo es talento innato para endeudar y saquear hasta la médula a Venezuela. Ya el padre, el viejo Øystein Leonard Harlvorssen, siendo cónsul del Reino de Noruega en Venezuela en el año 1938, aprovechó sus enlaces financieros internacionales para consolidarse como el representante exclusivo de la transnacional General Motors en territorio venezolano.

Leopoldo López y Thor Harlvorssen Mendoza son los herederos directos de este amplio legado de saqueo financiero y de neocolonización económica en beneficio de intereses transnacionales, como lo es también el otro primo cercano, Lorenzo Mendoza.

Hacer el trabajo sucio para devolver a Venezuela a la oscuridad del neoliberalismo es el fin último de su existencia como familia. Beneficiarse como los simples empleados domésticos que son, la extensión pírrica de su intensa agonía lumpenburguesa.

El peine de la CIA

Ya ha sido ampliamente demostrado por otros investigadores y analistas que la ONG del primo de Leopoldo recibe financiamiento de la NED y de la Usaid, como también que ha participado en procesos de desestabilización de mediana y alta intensidad en países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y por supuesto Venezuela, más allá de entregarle el premio Milton Friedman a Yon Goicoechea o infiltrarse en universidades para captar estudiantes y profesores.

Pisar el peine sobre el financiamiento “casi exclusivo” de la CIA a estas organizaciones es totalmente conveniente para la agenda estadounidense, al quedar blindado (mediáticamente) su carácter “autónomo” con respecto al poder económico real y su inserción política en el asedio de espectro completo contra Venezuela.

La CIA cumple una función operativa en cuanto a otorgar los financiamientos para actividades desestabilizadoras, pero quien pone el dinero de origen es la gran banca estadounidense y las empresas transnacionales que añoran (y necesitan) expandir sus ganancias.

Es así como la Human Rights Foundation recibe financiamiento de las corporaciones financieras norteamericanas (Black Rock, Citigroup, Goldman Sachs, Bank Of America, JP Morgan, etc.) a través de tanques de pensamiento y grupos de presión que trabajan cabildeando y presionando por distintas vías a todos aquellos gobiernos que medio se distancien de Estados Unidos.

Los empleados del mes

Ejemplo de este financiamiento “indirecto” es la Atlas Economic Research Foundation, una de las principales agencias del lobby económico transnacional que tiene operaciones en más de 80 países del mundo (con un fuerte énfasis en Rusia, China y países latinoamericanos). Armados con índices bursátiles sesgados y calificaciones de riesgo-país totalmente manipuladas, infunden temor sobre el futuro económico de los países buscando presionar a los gobiernos para que firmen Tratados de Libre Comercio o se adhieran a las conversaciones del Tisa (en inglés, Trade In Services Agreement) con el fin último de restarle áreas de influencia geofinanciera a Rusia y China.

Fundación Nacional para la Democracia y el Instituto Asia Central, quienes realizan actividades como grupos de presión en Rusia, China y sus alrededores, también son agencias tercerizadas del capital financiero estadounidense que a su vez le sueltan cobres a la ONG del primo de Leopoldo.

El famoso tanque de pensamiento venezolano Cedice trabaja de la mano con Human Rights Foundation. Ambas organizaciones se benefician y actúan como satélite venezolano y regional del Instituto Cato, donde trabaja el banquero prófugo de la justicia venezolana, Guillermo Zuloaga (familiar de María Corina Machado).

El Instituto Cato es una agencia exclusiva para el cabildeo institucional y legislativo de la poderosa familia Koch, asentada desde hace décadas como un fuerte factor oligopólico dentro del negocio petrolero, gasífero, químico, agroalimentario y financiero internacional, mediante sus importantes acciones en el principal fondo de inversiones estadounidense Black Rock.

Las ONGs y tanques de pensamiento que personifican en Venezuela la agenda financiera estadounidense a través de la mediatización política de Leopoldo López como “único líder de la democracia venezolana”, simplemente se encargan de pagarle bastante bien a economistas y reputados estudiosos del área para que, en foros y eventos internacionales sobre “la crisis en Venezuela”, convenzan a la opinión pública nacional e internacional de que es necesaria (y urgente) la liberación cambiaria y de precios, como también lo es el desmontaje de empresas públicas y todo aquello que tenga tufito a Estado, llámese Sistema de Misiones o Barrio Adentro.

Sólo bajo esas condiciones Citigroup, Goldman Sachs, Bank Of América, Black Rock y JP Morgan le dirán a las empresas norteamericanas que en Venezuela sí es posible saquear y especular con rendimientos superlativos.

El enemigo muestra la cara

Por tal motivo, a finales del año pasado, la banca estadounidense y sus calificadoras de riesgo decidieron dar un paso al frente en su propia agenda y boicotearle la imagen financiera a Venezuela aumentando las alarmas sobre un posible default, excediendo los pagos por intereses para el crédito internacional y esquivando dentro de sus balances los pagos oportunos de la deuda externa por parte del país. El presidente Maduro denunció esta campaña como parte de un bloqueo financiero.

Durante lo que va de año, los bancos estadounidenses antes mencionados han incrementado su participación directa en este sentido. Los empleados siempre serán necesarios para refrendar pronunciamientos y balances, pero el marcaje de expectativas de guerra económica, las inusitadas proyecciones inflacionarias y el ataque sistemático contra el Estado venezolano que realizan directamente estas corporaciones, tenderán a acelerarse puesto que su empleado doméstico más importante fue condenado a 13 años de prisión.

Ya el grupo financiero estadounidense, Jefferies and Company, el pasado día sábado dijo que Venezuela tenía un 70% de probabilidad de caer en default durante el año 2016.

Si bien Rusia y China no detienen sus ritmos de inversión en Venezuela por los desinformados manejos financieros de la banca estadounidense y sus calificadoras de riesgo, la aceleración exponencial del asedio financiero sí comporta una zancadilla que no se puede perder de vista.

La ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos de Estados Unidos, parte esencial del Decreto Obama, sigue activada y con ella todos los parapetos legales que versan sobre prohibiciones comerciales y financieras hacia las economías de los países que constituyen una “amenaza”.

No es algo para nada nuevo: a Nicaragua la bloquearon comercialmente en el año 1981 luego de que Reagan, el Pentágono y la banca estadounidense aceptaran que por la vía mercenaria (únicamente) no podía tumbar a Daniel Ortega. Ya en años anteriores, Nicaragua había sido declarada como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

A Irán, Rusia y Zimbabue también le han aplicado el ácido del bloqueo, sin que eso haya significado hambrunas o grandes calamidades sociales. El complot financiero sólo se tradujo en bloqueos programados contra la internacionalización de negocios comerciales y la capacidad de obtener financiamiento en el extranjero, condiciones que, a su vez, han abierto la puerta para la creación de nuevas plataformas geofinancieras (Banco de Infraestructura de China, proyección de contratos petroleros en yuanes, nuevas rutas de la seda y proyectos comerciales de gran envergadura en Latinoamérica) alejadas del capital transnacional estadounidense.

En esas plataformas de inversión, Venezuela tiene un papel importante como pivote dentro del espectro económico regional. Por eso las redes de tanques de pensamiento y ONGs del aparataje financiero norteamericano atacan en simultáneo y con el mismo financiamiento a Venezuela, China y Rusia.

En tal sentido, la aceleración del asedio financiero después de la sentencia de Leopoldo López buscará repliegues financieros programados de empresas transnacionales que tienen actividades oligopólicas en Venezuela (Pfizer, Colgate, Procter & Gamble, Cargill, etc.) y de los agentes parasitarios que dependen de insumos y bienes de capital provenientes de Estados Unidos, al mismo tiempo que los alarmismos sobre el supuesto impago de deuda externa tratarán de afectar directamente la deuda venezolana promoviendo la venta desesperada de títulos de valor venezolanos en el extranjero. Activar de forma parcial y de facto el Decreto Obama.

Defenestrar la imagen financiera del país y presionar a países latinoamericanos también asediados por la banca estadounidense (Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua) para que rectifiquen y degüellen sus convenios comerciales con Venezuela, es una arista importante dentro de los objetivos fundamentales de la agenda focalizada en la región.

Y en ese interín de extorsiones y chantajes financieros, uno que otro pronunciamiento a favor de Leopoldo López, por más timorato y guabinoso que sea, ayuda a formar grietas en organismos multilaterales de la región y a provocar factores disonantes en el apoyo político internacional a Venezuela.

El cierre fronterizo con Colombia y la sentencia proporcionada a Leopoldo López son medidas de alto impacto en el marco de la guerra transnacional contra Venezuela y los países latinoamericanos apegados a su fortaleza política y económica internacional. Si bien la banca estadounidense y las empresas transnacionales están calculando políticamente sus maniobras en función de las elecciones del 6D, la agenda financiera estadounidense antes descrita tiene un carácter temporal de mediano y largo plazo.

Leopoldo López fue el eterno empleado del mes de la banca estadounidense, hoy está tras las rejas por asesino. Es ahora cuando el patrón empezará a hablar sin intermediarios.

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CHILE Los camioneros y el golpe del 73

caminhoneiros chile

por Manuel Salazar S.
Punto Final


Desde el triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, la derecha chilena y el gobierno de Estados Unidos elaboraron diversas estrategias para impedir -primero- que el médico socialista fuera ratificado por el Parlamento el 24 de octubre, y más tarde para defenestrar al gobierno de la Unidad Popular paralizando la economía, utilizando técnicas de guerra sicológica y múltiples otros métodos de subversión.
Las mujeres pertenecientes a los estratos sociales más acomodados, agrupadas en el llamado “Poder Femenino”; el diario El Mercurio y su cadena de publicaciones, conducido desde Washington por Agustín Edwards; los partidos de la derecha y un sector importante de la Democracia Cristiana; y algunos gremios de profesionales y empresarios, asumieron los papeles protagónicos. Entre estos destacaron los camioneros que, en octubre de 1972 y a partir de julio de 1973, encabezados por León Vilarín, paralizaron el país y pavimentaron el golpe militar del 11 de septiembre.

El primer indicio de la actitud que asumirían los transportistas de carga lo registró el diario La Nación , el 12 de septiembre de 1972. Denunció que los dirigentes de los camioneros tramaban paralizar el país. “Sus peticiones económicas son increíbles y provocarían un caos económico si se les conceden. Si se les niegan, van a un paro general que en cuatro días crearía el caos”, señaló el periódico.

LLAMADOS A LA SUBVERSION

A fines de septiembre de 1972, El Mercurio publicó una inserción. Por los camioneros firmaba León Vilarín; Rafael Cumsille, por el comercio minorista; Manuel Valdés, por los agricultores; Benjamín Matte, por la Sociedad Nacional de Agricultura; Jorge Martínez, por la Cámara de Comercio; Orlando Sáenz, por la Sociedad de Fomento Fabril; Luis Sanzi, por la pequeña industria; Jorge Fontaine, por la Confederación de la Producción y el Comercio. En ella incluyeron una carta al presidente de la República pidiéndole que pusiera fin a lo que consideraban el “asedio económico a la Papelera” si quería impedir que se iniciara “un movimiento de clamor nacional para reponer tan marcada injusticia”.

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del grupo Matte; El Mercurio y su cadena de periódicos; y las radioemisoras encabezadas por Radio Agricultura, propiedad de la SNA, que reúne a los principales empresarios agrícolas, fueron los pilares de la “libertad de expresión”, que supuestamente amenazaba el gobierno de Allende, y los principales voceros de la oposición a la UP.

El 2 de octubre de 1972, Benjamín Matte, presidente de Radio Agricultura, declaró que “Chile se ahoga en una ola de violencia”. Tres días después los partidos de la Confederación Democrática (Code), por medio de sus representantes: Patricio Aylwin, del PDC; Francisco Bulnes, del PN; Agustín Acuña, del PIR; y Julio Durán, de la DR, acusaron al gobierno de ponerse al margen de la ley y de emplear presiones económicas para eliminar a los medios de prensa opositores a la UP.

PRIMER PARO DE
LOS CAMIONEROS

En esa misma fecha León Vilarín anunció un paro nacional del transporte de carga si el gobierno no cancelaba una iniciativa para crear una empresa estatal de transportes en Aysén. Al mismo tiempo, Jorge Fontaine, presidente de la CPC, llamó a formar un Gran Comando de la Libertad, para garantizar el futuro de la Papelera y de los medios “libres”.

Los camioneros iniciaron su primer paro el 8 de octubre, el mismo día que la Sociedad Interamericana de Prensa iniciaba su reunión anual en Santiago y que la minera norteamericana Kennecott emprendía una ofensiva internacional en contra de Chile.

El día 11 la Confederación de Dueños de Camiones proclamó el carácter indefinido de su paro. En su petitorio figuraban exigencias como la reanudación de transmisiones de Radio Agricultura y que el gobierno solucionara los problemas de la Papelera. Paralelamente, el subdirector de El Mercurio , Arturo Fontaine, recibía el premio Merganthaler de la SIP por sus artículos en defensa de la “libertad de prensa”.

Dos días después, el gobierno decretó zona de emergencia en trece provincias, incluidas Santiago, Concepción y Valparaíso. En respuesta, diversos gremios se sumaron al paro de los camioneros, entre ellos la Confederación de la Producción y el Comercio, la Federación de Sindicatos de Taxis, la Confederación del Comercio Detallista, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Chilena de la Construcción y la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado.

El presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, afirmó que “la resistencia civil organizada y mantenida en todos los frentes de lucha es la única manera eficaz de impedir que Chile sea transformado en una dependencia del comunismo internacional”.

LOS GREMIOS EMPRESARIALES
Y PROFESIONALES

La Democracia Cristiana, por su parte, expuso las condiciones que debía satisfacer el gobierno para solucionar el conflicto de los camioneros: 1) Libertad a los dirigentes detenidos. 2) Solucionar los problemas de los camioneros. 3) Poner término a las medidas contra las radios Minería de Viña del Mar y Agricultura de Los Angeles. 4) Término inmediato de la cadena de emisoras. 5) Solución al conflicto de la Papelera. 6) Solución a los problemas de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.

En los diarios opositores se multiplicaron las inserciones. La Sofofa instruyó a los industriales: “Se debe mantener la paralización de actividades en forma inalterable”; el Poder Femenino señaló: “Las mujeres apoyamos, con el coraje que nos es tradicional, la defensa de los derechos humanos y de la libertad”; la Confederación del Comercio Detallista, presidida por Rafael Cumsille, exigió 11 puntos, entre ellos que se terminaran las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP).

El Regional Santiago del Colegio Médico decidió sumarse al paro. Lo mismo hicieron las Bolsas de Comercio de Santiago y Valparaíso, el Colegio de Dentistas, la Feses, la Marina Mercante y el Colegio de Agrónomos. El día 17, de las 25 provincias 18 estaban en estado de emergencia. En Santiago se registraron violentos incidentes entre Carabineros y opositores que apoyaban el paro. El ejército salió a las calles. Manifestantes derechistas les tiraban maíz a los soldados, para azuzar el golpismo.

El 18 de octubre el ministro de la Corte de Apelaciones, José Cánovas Robles, envió a la cárcel a Rafael Cumsille, Jorge Martínez, Guillermo Elton y otros dirigentes del comercio por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

EL “PLIEGO DE CHILE”

León Vilarín informó ese día que junto a la directiva de los comerciantes minoristas estaban redactando un “Pliego de Chile” para ser presentado a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El PDC, en una inserción en El Mercurio , pidió cesara la represión al derecho a huelga y el fin inmediato de las estatizaciones. Otros gremios empresariales y profesionales multiplicaron sus inserciones de protesta y apoyo al paro en los diarios de oposición.

El día 20 sumaban 21 las provincias bajo estado de excepción, cuatro con toque de queda. La locomoción particular, los estudiantes y el comercio continuaban paralizados. Benjamín Matte, presidente de la SNA, en una nueva inserción, señalaba que: “Nace un Chile nuevo. El gremialismo ha despertado”. El diario comunista El Siglo informaba que la oposición controlaba 115 de las 155 emisoras del país y un 57% de la prensa escrita.

El 31 de octubre renunciaron los ministros de Allende. Dos días después, el mandatario nombró a tres militares en el nuevo gabinete: en Interior, el general Carlos Prats; en Obras Públicas, el contralmirante Ismael Huerta; y, en Minería, el general de Aviación Claudio Sepúlveda.

Allende habló por cadena radial al cumplirse el segundo año de su gobierno: “La acción del gobierno vinculada y mancomunada a la acción de las masas ha permitido alcanzar grandes logros. Pero además de ello, hemos obtenido una gran victoria. Hemos logrado, conjuntamente con el pueblo, derrotar el espectro del fascismo. Hoy hemos derrotado a la sedición”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Sanhueza (DC), declaró que “las palabras del presidente Allende han sido una notificación del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de todos los sectores democráticos a aquellos grupos fascistas que querían violentar la institucionalidad en Chile”.

El 5 de noviembre fue solucionado el largo conflicto gremial. Se suspendió el toque de queda. Al día siguiente se derogaron los decretos de zonas de emergencia. El general Prats informó sobre el desistimiento de las querellas; dejó sin efecto las requisiciones e intervenciones originadas en el paro; devolvió la personalidad jurídica a las organizaciones y se comprometió a respetar la carrera funcionaria, entre otras medidas.

El 15 El Mercurio publicó el documento “La tenencia de los medios de comunicación de masas”. Según ese texto el gobierno controlaba el 23% ; la oposición el 64%, el 13% eran independientes.

LA OFENSIVA FINAL

Ocho meses después, a comienzos de julio de 1973, la Confederación de Dueños de Camiones denunció el incumplimiento del gobierno a sus promesas y advirtió sobre un nuevo paro nacional. Los dirigentes de Patria y Libertad, Roberto Thieme y Ernesto Millar, anunciaron su paso a la clandestinidad “para luchar hasta las últimas consecuencias y derrocar al gobierno de Allende”.

El 17 de julio La Nación denunció que luego del fracaso del intento de golpe del 29 de junio, conocido como “el tanquetazo”, empezó a operar en Santiago un frente secreto integrado por Pablo Rodríguez, Orlando Sáenz y Alberto Labbé, financiado por empresarios y latifundistas, residentes en Chile y Argentina.

Una semana después, el 25 de julio, la Confederación de Dueños de Camiones inició un nuevo paro indefinido bloqueando distintos tramos de la Carretera Panamericana -hoy Ruta 5-, que une a Chile desde Arica a Puerto Montt. Al día siguiente fue asesinado a tiros el edecán naval del presidente Allende, capitán de navío Arturo Araya. La prensa de la derecha y dirigentes de la oposición acusaron del crimen a miembros del Partido Socialista. Poco después quedó en claro que los asesinos eran miembros de Patria y Libertad.

A comienzos de agosto los conjurados iniciaron la ofensiva final. Hoy se sabe que había más de 25 agentes de la CIA en el país y una cantidad no precisada de militares norteamericanos asesorando los preparativos del golpe. Miembros de Patria y Libertad, apoyados por oficiales de la Armada, protegían a los camioneros en los fundos utilizados para estacionar sus máquinas. Al mismo tiempo emprendieron una oleada de atentados con explosivos.

El 1 de agosto un dinamitazo en el oleoducto de Valparaíso provocó la pérdida de 100 mil litros de gasolina. El 4 de agosto el director de Investigaciones, Alfredo Joignant, informó la detención de Mario Rojas Zegers, miembro de Patria y Libertad, quien confesó su participación y dio los nombres de los principales integrantes del comando que asesinó al edecán Arturo Araya. Sorprendió a la policía la preocupación demostrada por el senador del PN, Fernando Ochagavía, quien llegó con doce abogados a defender a Rojas Zegers, vinculado a su familia. El vespertino La Segunda calificó el asesinato del edecán naval como un “hecho fortuito llevado a cabo por jóvenes descontrolados”.

El día 7 un atentado explosivo destrozó 30 metros del oleoducto en Curicó. Se registraron 14 heridos graves, tres casas destruidas y la pérdida de más de 500 mil litros de gasolina. En Limache se encontraron 20 bolsas plásticas con fusiles en poder de camioneros en huelga.

Parlamentarios del PDC expresaron su molestia con la campaña opositora seguida por el diario La Prensa , cercano a ese partido. Patricio Aylwin sostuvo que no tenía nada que ver con las publicaciones del periódico.

Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista, llamó al paro nacional de ese sector por la no solución de los problemas del gremio, el desabastecimiento y en apoyo de los camioneros.

El 9 de agosto Allende formó un nuevo gabinete que denominó “de seguridad nacional” al que se sumaron los comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. La meta de los conspiradores -involucrar directamente a los mandos militares- se había cumplido.

SE APROXIMA EL MOMENTO…

A las 18 horas del día 11 venció el plazo del gobierno a los camioneros para deponer el paro. Al no haber respuesta, se designaron interventores militares, bajo el mando del general Oscar Bonilla. Cuarenta y ocho horas después, el presidente Allende habló por red nacional de emisoras. Calificó el paro camionero de subversivo y de intentar derrocar al gobierno. Anunció que había tomado medidas “para detener el paro criminal”. Mientras hablaba, un atentado explosivo contra torres de alta tensión dejó a oscuras el tramo entre La Serena y Rancagua.

El consejo de Gabinete entregó un recuento de los atentados terroristas: 253 que habían dejado cinco muertos, más de cien heridos y cuantiosos daños a la economía.

El día 15, en Temuco, el denominado Block Sur del Comando Multigremial, que agrupaba a comerciantes, profesionales, artesanos y agricultores desde Malleco a Llanquihue, acordó un paro indefinido en apoyo a los camioneros.

El 23 de agosto el general Carlos Prats renunció a sus cargos de ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército. Ese mismo día, el senador Renán Fuentealba (DC), reconoció que en Chile actuaban organismos extranjeros que buscaban precipitar el derrocamiento de Allende.

El golpe estaba en marcha.

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