por Antonio Giménez Merino
En Brasil, diversas organizaciones policiales componen un verdadero paraestado cuyas puntas más violentas son la Policía Militar y los llamados “escuadrones de la muerte”, tristemente famosos por sus tropelías dentro de los “aglomerados” o barrios de favelas que forman parte del paisaje urbano de las grandes ciudades del país.
La violencia policial-militar tiene en Brasil un carácter estructural, que se ha intensificado en los últimos años de crecimiento económico del país con la presión urbanística en las grandes ciudades promovida por el sector de la construcción. Los “aglomerados”, inmensos barrios de favelas, son objeto de un acecho constante por parte del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, la Tropa de Choque y la Fuerza Nacional, sin que esta aplicación constante y sangrienta de la fuerza tenga una gran repercusión mediática, al ser percibida por la opinión pública como un mal endémico del país.
El espectador brasileño está acostumbrado a presenciar la violencia contra el pobre, pero no manifestaciones masivas de fuerza aplicada contra la clase media.
Este hecho está relacionado con un dato sociológico importante: la población que se ha rebelado en Brasil, a pesar de tener un carácter heterogéneo (destacan las movilizaciones de las periferias pobres de la mayoría de las capitales brasileñas, sobre todo São Paulo, Belo Horizonte y Rio de Janeiro, que han desplazado la protesta de los tradicionales centros urbanos hacia la periferia y que han provocado el miedo y consiguiente reacción racista de los sectores conservadores de Brasil), tiene también un numeroso componente joven, despolitizado y familiarizado con las nuevas tecnologías.
Las protestas espontáneas de este estilo suponen un importante impulso democratizador y comportan la policitación de la población joven, pero también un beneficio gratuito para la derecha que trata de derribar las tímidas políticas redistributivas y conservacionistas llevadas a cabo con grandes dificultades por el PT. La derecha social brasileña, fuerte, organizada y con presencia en el propio gobierno (donde destacan miembros de las sectas evangélicas claves para la estabilidad del gobierno), está rentabilizando las protestas para aumentar el creciente descrédito del gobierno Rousseff, en clara caída de popularidad por los graves casos de corrupción que han afectado al partido y, relacionado con esto, por los dispendios enormes en obras que nada tienen que ver con los déficits estructurales del país. Pragmáticamente hablando, un cambio de gobierno que dejara a éste en manos de la derecha (con un programa económico basado en un sistema impositivo regresivo y en favorecer la entrada de más capital extranjero, y con postulados sociales igualmente regresivos) sería en estos momentos demoledor para Brasil y para el cono sur de América. Importantes iniciativas sociales en curso, como el programa Minha casa, minha vida, que ha sido capaz de dar vivienda a una gran cantidad de familias de renta baja, serían con toda seguridad canceladas. Y las políticas de resistencia al neoliberalismo más feroz en esa región del planeta se verían seriamente debilitadas.
En tanto no emerja una alternativa política sólida a las políticas neoliberales o reformistas, el robustecimiento del nuevo impulso democratizador en Brasil, como en España, pasa por capitalizarlo en torno a las luchas sociales preexistentes por las cuestiones más acuciantes para las vidas cotidianas de la mayoría: la vivienda, la sanidad, la salud, los transportes, el medio ambiente, la distribución de la riqueza, etc.
Talis Andrade 