Néstor, Lula, Hugo

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por ARAM AHARONIAN

Aquel 5 de noviembre de 2005 se sintió el orgullo de ser suramericanos. Mar del Plata fue escenario del renacimiento regional, cuando de la mano de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, 34 países dijeron “no” al intento de los Estados Unidos por crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), funcional a sus intereses y no a las necesidades de los pueblos.

El ALCA surgió durante el gobierno de George Bush padre y continuó en el de Clinton, el lindo. En la primera cumbre, en 1994, en Miami, ningún país se opuso: claro, Cuba no estaba invitada por no ser miembro de la OEA. Ninguno se opuso tampoco en Santiago, cuatro años después. Y en 2001, en la canadiense Quebec, el único que marcó su disenso fue el presidente venezolano Hugo Chávez, quien luego se convertiría en la locomotora de la integración regional. En esa misma reunión, Fernando de la Rúa propuso que la Argentina fuera sede para la firma del ALCA.

El 4 de noviembre de 2005 estaba todo preparado para que los Estados Unidos cumplieran con su plan de poner en marcha –con el verso de la globalización– un área de libre comercio con todos nuestros países, para que nos olvidáramos para siempre de un modelo de desarrollo propio y, más aún, de la posibilidad de cumplir el sueño de la integración de nuestros pueblos. Los Estados Unidos estaban acostumbrados a mandar en las Cumbres de las Américas y que todo su patio trasero obedeciera.

Pero allí estaban unos presidentes a los que no les gustaba el libreto, en medio de un debate que ya había comenzado sobre la necesidad de cambiar la matriz comercialista del Mercosur y comenzar a pensar en un desarrollo industrial basado en la complementariedad de sus países. Eran Néstor Kirchner y Lula de Silva, que comprendieron que debían asociarse para apostar por una integración productiva, una alianza estratégica que sirviera a los intereses de sus pueblos, marcando el paso a toda la región.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (los cuatro del Mercosur entonces), junto con Venezuela, quienes decidieron enfrentar a los poderosos. En Mar del Plata no sólo se rechazó el ALCA sino que se comenzó a debatir cuáles eran nuestros propios desafíos regionales y qué tipo de democracias queríamos.

Se podían contar con los dedos de una mano: cinco países se plantaron ante otros 29 con la convicción de estar cuidando el interés de sus naciones y sembrando las bases de lo que después consolidarían como Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La Cumbre de Mar del Plata frenó el proyecto neoliberal, que hoy intentan revitalizar. Hombres como Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez permitieron conservar las autonomías, las que nos ayudan a soñar con construir nuestro propio destino.

De aquel 5 de noviembre se recuerda también la paralela Cumbre de los pueblos, que contó con la participación de Chávez, Evo Morales (que todavía no era presidente), Manu Chao y Maradona, y la televisación en directo de la inaugurada Telesur. Los militantes llegaron en tren a Mar del Plata para participar durante un par de días de una fiesta latinoamericana inolvidable. Allí, Hugo Chávez dijo lo que venía de los movimientos: “Alca, Alca, ¡al carajo!”.

Parecía que la utopía esperaba a la vuelta de la esquina…, pero sigue allá, en el horizonte, y alienta siempre a seguir caminando, a seguir luchando.

10 AÑOS DEL “NO” AL ALCA | La valentía de los 5 mosqueteros

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Venezuela, Mercosur y el acoso mediático: el imperio de la mentira ataca de nuevo

por Aram Aharonian

 

 Sponholz

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El acoso a Venezuela reverdece, en el marco de un prolongado proceso de golpe continuo que ya tiene casi 14 años y donde destaca el papel estelar que juegan los medios de comunicación hegemónicos, con su libreto cartelizado de mentiras y manipulaciones, repetido en diferentes idiomas.

Hoy la derecha trata de imponer el imaginario que Venezuela es una dictadura y que, por ende, debe ser expulsada del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Es consciente que no lograrán lo que se proponen, pero su estrategia es la de crear ese imaginario. El 26 de febrero, el diario venezolano El Nacional anunciaba que los parlamentarios derechistas argentinos Roberto Pradines, Mario Negri, Patricia Bullrich y Sergio Bergman todos miembros de la Comisión del Mercosur, expresaron que la detención del alcalde Antonio Ledesma, “afecta la democracia en el país”, y en consecuencia solicitarán la activación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático

Y pedían la presencia en Venezuela de una Comisión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objeto suspender su participación en el bloque regional. A este coro se sumaron algunos parlamentarios de la derecha uruguaya.

Cabe recordar que el Protocolo de Ushuaia establece como único supuesto para su aplicación la ruptura del orden democrático en alguno de países del Mercosur, y prevé que, una vez agotada la instancia de consultas de los Estados entre sí y con el Estado afectado y en caso de que éstas resulten infructuosas, podrá acordarse la aplicación de medidas sancionatorias.
Pero tanto el período de consultas como las eventuales sanciones deben ser decididas por los presidentes, por consenso (no por vociferantes legisladores, minoritarios en los parlamentos de sus países).

Es más, no existe en Venezuela la ruptura del orden democrático y la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños han expresado muestras de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Las instituciones democráticas venezolanas, es decir todos sus poderes públicos se encuentran legitimados y en pleno ejercicio de sus funciones, en especial la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el Observatorio de la Democracia del Parlasur, desde su creación en 2008, ha limitado su actuación al seguimiento de los procesos electorales en los países del Mercosur y los estados asociados. Involucrar al observatorio en procesos que impliquen la evaluación (o supervisión) política lo convertiría en un instrumento de injerencia y abriría una senda peligrosa para la integración que se caracteriza por lograr la unidad de la diversidad.

El reglamento del observatorio establece que tendrá un Consejo de Representantes (con tres parlamentarios por país), y coordinado por el presidente del Parlasur. Actualmente, la Presidencia del Parlasur la ejerce Venezuela. Pero cualquier decisión obre eventuales sanciones depende de la voluntad consensuada de los presidentes, no de la vociferación de algunos parlamentarios con intentenciones desestablizadoras y atentatorias contra la integración.

Las razones

Toda esta ofensiva tiene su razón: la derecha nunca estuvo tan débil en nuestra región y demostración de ello es que pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Ha sido desalojada de gobiernos que creían su propiedad. Y siguen sin entender las transformaciones sociales, la recuperación del rol del estado, la activa participación en los procesos integradores, su independencia de los dictados de Washington.

Es clara la debilidad de las derechas: sus iconos están en crisis institucional y de legitimidad. Chile con las consecuencias de la privatización; México, como ejemplo de cómo un TLC disuelve el Estado; Colombia con la legitimación paramilitar; Perú que termina ofreciendo su territorio como base naval estadounidense…

Estas derechas no se resigna a que sean gobiernos populares los que rescaten a sus pueblos de los desastres producidos por las dictaduras cívico-militares y los gobiernos neoliberales.

No solo han venido de fracaso en fracaso los gobiernos neoliberales, sino que manifiestan una patética incapacidad de formular propuestas alternativas, dedicándose a sabotear los procesos de estos países, desestabilizar los gobiernos, apostar al caos e, incluso, servir –como excelsos cipayos- a los propósitos e intereses antinacionales de la banca trasnacional, de las empresas trasnacionales, la geopolítica estadounidense en la región.

Emir Sader señala que las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos más importantes gobiernos populares que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getulio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales. Es la derecha la que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que tumbó a Perón en 1955 y llevó Argentina a iniciar el ciclo de las acciones militares gorilas en la región.

Es la derecha la que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura militar en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur, añade Sader.

Hablan del peligro de caos económico, de corrupción, de respeto a los derechos humanos, aquellos que han sido cómplices y copartícipes de desapariciones, torturas, asesinatos y la mayor corrupción en las historia de los países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes y empresas públicos. Amenazan con golpes: duros, blancos, mediáticos.

Ya no necesitan tanques ni fuerzas armadas. Usan su nuevo armamento, el terror mediático cartelizado regional e internacional.

Una epidemia de asesinatos en Honduras

PARA LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ES EL PAIS MAS VIOLENTO DE LAS AMERICAS

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Desde bancos hasta jugueterías tienen las entradas vigiladas por seguridad privada con ametralladoras. Los militares son los encargados de resguardar las escuelas y de cumplir las tareas que le correspondían a la policía, como sucede en México.

Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), traza un paralelismo con las peores épocas del terrorismo de Estado. “Los mismos actores del pasado –afirma– han creado esta inseguridad para vender después políticas de seguridad.”

Por Ezequiel Sánchez

Página/12 En Honduras

Desde Tegucigalpa

 

Honduras es un país repleto de armas, con un promedio de veinte asesinatos diarios que ha naturalizado la barbarie. Desde bancos hasta jugueterías tienen las entradas vigiladas por seguridad privada con ametralladoras. Por otro lado, los militares son los encargados de resguardar las escuelas y de cumplir las tareas que le correspondían a la policía, ya que según el gobierno, y como en México, ésta fue relegada tras haber sido corrompida por el narcotráfico.

“Un policía mal pagado, un policía discriminado, un policía que sabe que está exponiendo su vida y que cualquiera de estos días va a dejar a su familia desprotegida, es presa fácil de cualquier ofrecimiento por parte de la delincuencia común o por la organizada”, dice María Luisa Borjas, ex jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional, removida de su cargo por denunciar que el jefe del Estado Mayor Conjunto había participado en una banda que robaba autos.

Pero en vez de mejorar la calidad de la policía, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa sacó a los militares a la calle a mediados del 2012. Al mes, ya habían asesinado por la espalda a un joven de quince años que no frenó en un retén para que su padre no descubriera que le había usado la moto sin permiso. “Ya estamos cansados de decirles que no están preparados para lidiar con la sociedad. Ellos están preparados para otros menesteres, están entrenados para matar”, denuncia Wilfredo Yanez, papá de la víctima, parado en la escena del asesinato, donde aún hay marcas de las balas que le dispararon a su hijo Ebed.

Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indica que la ola de violencia se da en un contexto de aumento de presupuesto militar y disminución de los de salud, educación y servicios públicos. “Honduras es el segundo país que más ha incrementado su presupuesto militar en los últimos años (58 por ciento desde 2010) en América latina después de Paraguay”, señaló.

Aunque los militares tienen cada vez más poder, las muertes violentas no dejan de crecer. A pesar de que el gobierno aseguraba haber reducido el número a 69 sobre cien mil, la cifra es desmentida por la Organización Mundial de la Salud, con un informe publicado hace dos semanas, que ubica a Honduras entre los países más violentos del mundo. El informe de la OMS afirma que en realidad Honduras alcanza los 103,9 muertos por cada cien mil. En el continente, la segunda distante es Venezuela, con 57,6, mientras que Argentina ostenta 6 cada cien mil.

El contraste entre Honduras y sus vecinos inmediatos es aún más llamativo. “A dos horas de Tegucigalpa, los índices de seguridad en Nicaragua son totalmente inversos (13 homicidios cada cien mil), porque ese país se dio cuenta de que tenía que atacar el problema desde un punto de vista integral”, ilustra Carlos Sierra, coordinador del Area de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

Para Neesa Medina, especialista en femicidios, Honduras no sólo carece de un plan integral para aplacar la violencia, sino que la alienta a través del alto nivel de impunidad que garantiza su ineficaz sisterma judicial. “El Estado no sólo promueve la violencia y el armamento a su población, sino que la perpetúa a través de la impunidad del 95 por ciento de los casos de muertes violentas de mujeres que se dan a diario”, apuntó la especialista. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el porcentaje de casos que terminan sin condena asciende a 98 por ciento cuando se trata de delitos por violación a los derechos humanos. Es que ni la fama que da ser Miss Honduras protege a las jóvenes. María José Alvarado apareció asesinada a balazos junto a su hermana hace un mes, justo el día en que debía volar a Londres para participar del concurso Miss Mundo.

Uno de los oficios más peligrosos en Honduras es el de conductor de transporte público. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), más de cien choferes de colectivos han sido asesinados este año. Yeleni Cruz, usuaria habitual de dicho transporte, sabe a lo que se expone. “El impuesto de guerra es que los mareros te piden una cuota mensual para que vos puedas tener tu negocio sin ser acribillado, porque ellos tienen el control de las drogas y el control del transporte público”, describe mientras hace fila en la parada.

La violencia aqueja a toda la población, pero desde la sociedad civil afirman que practica una persecución colectiva para aprovecharse de los sectores más vulnerables. “Afecta a ciertas poblaciones como los indígenas, por las zonas con recursos naturales. Otros grupos vulnerables han sido los periodistas, abogados, líderes campesinos y miembros de la comunidad Lgtbi”, afirma Erick Martínez, del Ciprodeh.

Mientras tanto, el actual presidente Juan Orlando Hernández ha lanzado este año los Guardianes de la Patria, una iniciativa para que chicos rodeados de militares reciban educación cívica y religiosa los fines de semana. Por primera vez en su historia, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas le envió una carta formal al presidente donde le solicita “abstenerse de implicar a niños y niñas en actividades como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en los centros educativos”, según relata Wilmer Vázquez, director de la Red pro niños, jóvenes y adolescentes Coiproden.

En Honduras un permiso para portar armas durante cuatro años vale sólo quince dólares. Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), traza un paralelismo con las peores épocas del terrorismo de Estado. “Los mismos actores del pasado –afirma– han creado esta inseguridad para vender después políticas de seguridad.”